La legislación presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de eliminar el monopolio ejercido por la empresa española Iberdrola y otras privadas, y liquidar los altos subsidios que cobran, fue aprobada por el Congreso pero frenada por el juez Gómez.
El magistrado ya concedió 27 amparos en favor de Iberdrola y otras compañías, por lo cual López Obrador solicitó una investigación del letrado acusado de proteger a los ejecutivos particulares en perjuicio del pueblo.
Lejos de ceder a la demanda del gobierno, el letrado lo que hace es incrementar su ofensiva judicial contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras el presidente advirtió sobre la posibilidad de presentar una reforma constitucional si fuera necesario.
El magistrado argumenta que las normas reclamadas pueden afectar los derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento de los usuarios finales del suministro básico de energía, todo lo cual refuta el gobierno pues, por el contrario, los perjudicados son los consumidores que pagan altas tarifas por el servicio eléctrico.
Ya hay 18 empresas particulares beneficiadas por el juez Gómez, encabezadas por Iberdrola y varias estadounidenses.
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