El mandatario descartó respaldar tal proyecto, independientemente de eventuales modificaciones, y calificó de “mala señal” indultar o amnistiar a estas personas que se enfrentaron a los carabineros.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó también la posibilidad de una amnistía para los detenidos y condenados por delitos vinculados a las manifestaciones de 2019 opuestas al modelo neoliberal sostenido por Piñera.
Estas protestas resultaron ser las más grandes en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y demandaron un cambio profundo en el país y en la Constitución.
Las posturas de rechazo del mandatario y de Galli responden a la indicación que el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, presentó respecto del proyecto que se discute en el Congreso para beneficiar a los llamados “presos de la revuelta” por razones humanitarias, reportó el diario La Tercera.
En el Senado se presentó una indicación para cambiar el proyecto de indulto a uno de amnistía.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la actualidad hay tres mil 72 querellas contra las fuerzas de seguridad y 136 agentes formalizados.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó en las protestas iniciadas en 2019 y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional empleada para calmar la crisis.
A fines del año pasado la jefatura de campaña anunció que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, retirará querellas por ley de seguridad del Estado contra los presos de las citadas manifestaciones.
El gobierno entrante adelantó que buscan «analizar cómo se sana un país, tanto por aquellas personas que sufrieron destrucción en el estallido social y otras privadas de libertad que lo están de forma injusta».
La excarcelación de los presos políticos de estos sucesos fue uno de los temas centrales de la campaña electoral de Boric.
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