La Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda explicó que el plan propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y aprobado este martes por la jueza Taylor Swain, viola la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.
El monto considerado ilegal, dijo el presidente de la Comisión, José González, alcanza los 13 mil 500 millones de dólares, el 40 por ciento de la deuda a pagar, en violación a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Lamentamos la aprobación de este plan de ajuste de la deuda por ser el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y la impunidad para los responsables de este desastre fiscal”, sostuvo González.
El también portavoz de la Comisión Ciudadana, José Rivera, destacó que ni la ley Promesa, impuesta por Washington, ni la JSF representaron solución al endeudamiento insostenible y a la crisis fiscal que enfrenta esta isla del Caribe, sino que lo agrava.
Advirtió que la junta de control fiscal miente cuando refiere que este plan reduce el pago de la deuda, ni tampoco constituye un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una reestructuración justa, pues impone pagos insostenibles.
Rivera indicó que esto quedó evidenciado en estudios independientes de la entidad Espacios Abiertos y de economistas internacionales como el premio Nobel Joseph Stiglitz.
La Comisión Ciudadana, fundada por los integrantes del interés público de la anterior Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 de 2015, eliminada en 2017 por el gobierno del derrocado Ricardo Rosselló Nevares, expresaron su rechazo al plan de ajuste confirmado por la jueza Taylor Swain.
“Lamentamos la aprobación de este plan de ajuste de la deuda por ser el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y la impunidad para los responsables de este desastre fiscal”, sostuvieron.
Rivera expresó que esos expertos han advertido que este acuerdo con los acreedores sigue siendo un compromiso insostenible que deja sin dinero al país para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo.
“Nos expone a otra quiebra en el futuro o aumentos insostenibles a la calidad de vida en la isla”, ratificó.
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