Los ministros de Gobernación y Policía, Michael Soto; de Trabajo, Silvia Lara; de Planificación, Pilar Garrido; y el interino de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet también rubricaron el decreto ejecutivo, en ceremonia efectuada en el capitalino Hotel Real Intercontinental.
Costa Rica tiene una larga tradición de acogida y de protección a las personas que buscan refugio, en concordancia con nuestro compromiso al respeto de los derechos humanos, aseguró Alvarado.
«Este decreto viene a ratificar y a formalizar las acciones necesarias del Estado costarricense para las políticas de protección e integración de las personas que se ven obligadas a desplazarse», apuntó el mandatario.
Alvarado reiteró la necesidad de mantener una respuesta articulada al fenómeno del desplazamiento forzado y llamó a los demás sectores de la sociedad, sector privado, academia, la cooperación internacional y sociedad civil, a sumarse a este esfuerzo.
Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a continuar apoyando a Costa Rica bajo el principio de responsabilidad compartida con más cooperación técnica y financiera para asegurar la protección y soluciones duraderas para las personas refugiadas en suelo nacional.
De su lado, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica, Milton Moreno, señaló que con el Minare Costa Rica da un ejemplo al mundo en materia de política pública y gestión administrativa para la respuesta al desplazamiento forzado y reitera su liderazgo regional respeto a los derechos humanos.
El Minare será una plataforma nacional de discusión y coordinación de acciones para temas relacionados con refugio en Costa Rica, al tiempo que refuerza el compromiso de este país de proteger con los más altos estándares a la población refugiada y contribuye a la movilización de cooperación internacional.
Casa Presidencial recuerda que en un contexto regional marcado por un creciente desplazamiento forzado, el Minare fue adoptado en 2017 como un plan piloto para guiar la respuesta país a la situación tanto de las personas refugiadas como las solicitantes, y basado en sus logros -indica- el Gobierno este decreto.
Precisamente, refiere, su puesta en marcha hace cuatro años ha permitido a Costa Rica atender la creciente cantidad de solicitudes de refugio, enfrentar períodos de emergencia como la pandemia de Covid-19 y fortalecer su sistema de protección de esas personas siguiendo los más altos estándares internacionales.
acl/ale
