El organismo envió una misiva a la Inspección General de la Policía para indagar en las alegaciones de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, según la cual el juez recibió sobornos para liberar a presuntos implicados y retirar prohibiciones de salida del país.
La organización aseguró en un informe que Orélien recibió 20 mil dólares de al menos uno de los cuatro agentes excarcelados recientemente, y otros 25 mil para dejar sin efecto las prohibiciones de salida.
El magistrado calificó las acusaciones de infundadas, difamatorias e indignas, y emplazó al coordinador de la plataforma Pierre Espérance a probar sus acusaciones, no obstante, poco después renunció al caso por conveniencia personal.
Antes, el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Saint Vil desestimó la prórroga solicitada por Orélien para la investigación, sin aportar razones.
“El decano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto de 22 de agosto de 1995 relativo a la organización judicial, dice que no puede acceder a la solicitud de prórroga producida por el juez de instrucción Garry Orélien, en consecuencia, ordena que se le comunique este auto para que haga lo que proceda”, escribió Saint Vil en la carta de negativa.
Moïse murió baleado en su residencia privada de la capital, y casi siete meses después la pesquisa se encuentra estancada, pese a que más de 40 personas se encuentran detenidas en la Penitenciaría Nacional, y el primer ministro, Ariel Henry, reafirmó su intención de llevar la investigación hasta el final.
Mientras el archivo se encuentra paralizado, y Saint Vil aún no nombró un sustituto para el juez de instrucción, las autoridades de Estados Unidos ya imputaron a un sospechoso, el exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios, mientras el empresario y narcotraficante convicto Rodolphe Jaar se presentará este martes ante los tribunales.
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