La medida implica la suspensión de los derechos de inviolabilidad domiciliaria, es decir, que la policía podrá hacer allanamientos sin orden judicial, y libertad personal, pues las detenciones tampoco requerirán la decisión previa de un juez ni de situaciones de flagrancia.
Así lo explicó el principal asesor del Ministerio de Interior, Dimitri Senmache, quien aseguró que estas normas extraordinarias no significarán impunidad policial y los abusos serán investigados y sancionados.
El estado de emergencia, indicó el funcionario, tendrá una vigencia de 45 días y el Gobierno podrá renovarlo por períodos continuos de 30 jornadas, según la legislación.
Senmache indicó también que el Consejo de Ministros acordó ayer la emergencia, que regirá desde el día siguiente de publicarse el decreto que la ordena ante el incremento de homicidios, robos y otros delitos que a diario encuentran eco en la televisión y otros medios de prensa.
Los crímenes cotidianos y su despliegue mediático dieron paso al reclamo generalizado de que se declare el estado de emergencia y los militares se hagan cargo de la seguridad por considerarse que la Policía está rebasada, aunque estos solo actuarán como respaldo a la primera.
Como paso previo, el ministro del Interior Avelino Guillén recibió un informe de la Policía Nacional sobre la viabilidad de la norma, que implica el apoyo de las Fuerzas Armadas a las operaciones contra la criminalidad.
El ministro anunció que los agentes que cumplen labores administrativas en las estaciones policiales serán reemplazados por civiles para que salgan a las calles a participar en las operaciones contra la delincuencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en los nueve primeros meses de 2021 sufrieron asaltos un total de 76 mil 189 pobladores de Lima y Callao, cifra que solo incluye los casos denunciados, pues muchas víctimas no acuden a la Policía por considerarlo inútil.
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