Este jueves, luego de más de seis horas, la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional lo que significa una violación masiva de derechos y crisis humanitaria, por la falta de seguridad para los exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil.
Asimismo, determinó que se deben adoptar órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes y sus familias y líderes.
El senador Julián Gallo por el Partido Comunes subrayó que la decisión de la Corte de declarar un estado de cosas inconstitucionales con relación a la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, no solamente es un respaldo a las denuncias que han hecho.
«También desnuda la doble moral del gobierno que se ha querido presentar como un gobierno que está implementando integralmente el Acuerdo», enfatizó.
Esto demuestra, agregó el congresista, que en materia de seguridad no se ha avanzado para dar plenas garantías a la reincorporación socioeconómica y política de los firmantes de la paz.
De acuerdo con el Observatorio de Derecho Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 48 exguerilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reintegrados a la vida civil, fueron asesinados en 2021.
Pero suman 299 excombatientes de las extintas FARC-EP asesinados, desde la firma del Acuerdo, en septiembre de 2016, hasta enero de este año.
jha/otf
