«El Gobierno Nacional requiere una rectificación por parte de la FAO en la que se reconozcan las políticas públicas y acciones implementadas para garantizar tanto la productividad del agro, como la capacidad adquisitiva de los ciudadanos», pidió en un comunicado la Cancillería.
Asimismo, rechazó dicho informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el que advierte los 20 puntos en el mundo que podrían padecer hambre aguda en los próximos meses y en América Latina Colombia es uno de los países en el nivel de alerta más alto.
El reporte, denominado «Focos de Hambre», y publicado el pasado 26 de enero, señala que la seguridad alimentaria se deterioraría en los próximos meses, por la «inestabilidad política, retos económicos y el impacto de la crisis migratoria regional, amplificada por el desplazamiento interno».
La cancillería señaló que Colombia cuenta con programas sociales que buscan preservar la seguridad alimentaria de sus habitantes, como Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, y Devolución del IVA, entre otros.
Asimismo, indicó que cuenta con una política agrícola y de desarrollo rural con instrumentos de financiación, asistencia técnica y desarrollo de cadenas de valor agregado que se fortalecieron durante este gobierno, para asegurar el aumento en la producción de alimentos logrando resultados positivos, agregó.
En el terreno político, el documento de la FAO y el PMA refiere los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y los grupos armados no estatales, que ha provocado violencia y nuevos desplazamientos masivos que podrían crecer por el malestar social y los posibles baches económicos a lo largo de las campañas electorales en curso.
Subraya que la pandemia amplificó la desigualdad y apunta que el alto nivel de la inflación seguirá afectando el poder de compra de las familias pobres.
La FAO y el PMA señalaron que el acceso de la asistencia humanitaria a Colombia es muy restringido y proyecta que empeore en las zonas afectadas por el conflicto.
Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida.
También sugiere la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida.
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