La medida del citado organismo tiene el fin de asegurar que, ante una nueva situación de emergencia, como el derrame de 11 mil 900 barriles en el mar, del pasado 15 de enero y otro del 24 de enero, la empresa pueda controlarla en el menor tiempo posible.
La decisión se sumó a otras 12 medidas aplicadas a Repsol tras verificarse que la transnacional hispana no ha logrado contener el desplazamiento del crudo derramado frente a la costa del norte de Lima durante la descarga de combustible para la refinería La Pampilla, de la empresa.
La restricción busca igualmente “evitar la degradación o daño ambiental a los componentes ambientales de fauna y flora acuática, aves marinas, agua, suelo y sedimento”, según la OEFA.
Para reanudar las operaciones suspendidas, hasta que la empresa someta a la aprobación de la OEFA un plan de gestión ante derrames y presente las certificaciones actualizadas por las autoridades competentes, que garanticen la operatividad de los terminales.
También deberá modificar o actualizar su plan de contingencia ante derrames y obtener la aprobación del mismo.
Ante la decisión anunciada, Repsol expresó en un comunicado su disposición de colaborar con el Gobierno ante la paralización de sus actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano.
Sin embargo, la empresa, considerada culpable del derrame por la gran mayoría de la población, según una encuesta, sostuvo que las medidas son “desproporcionadas e irrazonables”, pero que expresa “su total disponibilidad de colaboración” para la reanudación de las operaciones paralizadas.
Se comprometió además a hacer los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento combustibles, de los que Repsol aporta 40 por ciento del consumo peruano.
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