Ese es uno de los resultados más destacados de una encuesta realizada por la organización ambientalista Greenpeace Chile en enero último, presentada este domingo con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo.
El estudio, titulado Agua y Constitución, aborda las preocupaciones ante la crisis hídrica que sufre el país, sobre cuyas causas 63 por ciento lo relacionó como un problema de gestión por el aprovechamiento de grandes empresas y una débil legislación sobre este recurso.
Al respecto casi la cuarta parte de los entrevistados señaló que la principal razón es la poca prioridad que el gobierno actual confiere al tema medioambiental y solo 17 por ciento achacó el problema al cambio climático.
Estefanía González, coordinadora de Campaña de Greenpeace Chile, consideró llamativo ese dato, pues las personas reconocen el impacto del cambio climático en el país, pero identifican que la gestión del agua es básica en un contexto en el cual las lluvias irán disminuyendo.
La población –añadió- tiene claro que hay graves problemas en cómo se reparte el líquido disponible, y ‘mientras la ciencia dice que la disponibilidad hídrica disminuirá, en Chile el 98 por ciento del agua es utilizada por grandes empresas para actividades productivas y solo el dos por ciento es destinado a las personas’.
La representante de la organización no gubernamental consideró ‘inaceptable que en un escenario de cambio climático, el agua no esté garantizada como derecho’.
Señaló que el Día Mundial de Agua es de alerta y urgencia, pues ‘tenemos un modelo de gestión anclado en la actual Constitución, que no la garantiza como derecho humano para las personas, ni tampoco protege sus funciones dentro de los ecosistemas’.
González puntualizó que como reafirma la encuesta, ‘las personas tienen claro que revertir esta realidad debe ser una de las prioridades de la nueva Constitución y están dispuestas a priorizar a candidaturas que apuesten por el agua’.
Greenpeace propugna que el líquido vital sea un bien nacional de uso público, administrado por el Estado para que haya un uso equitativo sin perjudicar las cuencas, pero bajo el modelo de gestión actual, se entregó a grandes empresas agrícolas y mineras que ponen en riesgo el acceso humano a este recurso.
La encuesta también abordó la intención de voto, y reveló que el 95 por ciento de las personas votarían con mayor probabilidad por aquel candidato que se comprometa por el agua como un derecho.
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