Entre los factores señalados por la CNVE para tomar esa decisión destacan la presencialidad escolar, la protección de menores de cinco años que aún no pueden vacunarse, la circulación incrementada de la variante Ómicron y la prevención de enfermedad grave.
Asimismo, la estancia hospitalaria en personas no vacunadas que representa el doble de las vacunadas, la tasa de mortalidad asociada a la Covid-19, la necesidad de continuar abriendo la economía sin colapsar el sistema hospitalario y causar más mortalidad.
El fallo de la CNVE plantea que al igual que se estableció en los acuerdos anteriores de obligatoriedad para funcionarios públicos, es responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra esta enfermedad.
La entidad facultó además a los patronos del sector privado a establecer disposiciones laborales internas para incorporar la vacunación contra la Covid-19 como obligatoria en sus centros de trabajo.
La disposición exceptúa los casos de menores o funcionarios públicos o privados que tenga contraindicación médica para recibir la vacuna.
Por otra parte, la CNVE acordó disminuir a cuatro meses el intervalo de aplicación entre la segunda y tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 para toda la población mayor de 12 años, atendiendo a la situación epidemiológica, la disponibilidad de dosis, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
De igual forma, la CNVE avaló habilitar la vacunación con terceras dosis a población migrante residente en el país en condición irregular.
El reporte del Ministerio de Salud refiere que desde el 6 de marzo de 2020, cuando comenzó la enfermedad, hasta este jueves, Costa Rica contabiliza 751 mil 605 casos confirmados y siete mil 752 decesos por la Covid-19.
Más del 17 por ciento de todos los positivos fueron reportados en lo corrido de 2022.
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