Naciones Unidas proclamó esta fecha en 2010 para honrar a monseñor Romero, quien denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.
Sin embargo, la efeméride vuelve a esta nación centroamericana sin que se haga justicia para el religioso, beatificado en mayo de 2015 y canonizado el 14 de octubre de 2018, tras un dilatado proceso.
El calvario para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del crimen es tan o más tortuoso que el sufrido por San Romero de América para subir a los altares, debido al boicot conservador del Vaticano.
De hecho, los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio del entonces arzobispo de San Salvador denunciaron en reciente rueda de prensa los múltiples obstáculos que frenan el proceso.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó desde mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero, gracias a la derogación en 2016 de una Ley de Amnistía vigente desde 1993.
Entre los problemas, los juristas de la organización Tutela Legal María Julia Hernández señalan la pasividad de la Fiscalía y la negativa del Estado a brindar información relacionada con el conflicto armado (1980-1992).
Hasta ahora, la investigación está centrada en el capitán Álvaro Saravia, el único imputado por el atentado contra Romero en la capilla del hospital de La Divina Providencia, y que lleva años prófugo.
Al fin de la guerra, una Comisión de la Verdad de la ONU determinó que el mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, dio la orden de asesinar al religioso.
Según dicho documento, en la planificación y ejecución del asesinato participaron el mencionado Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Pese a la impunidad, los admiradores de San Romero lo recuerdan en el aniversario de su martirio, perpetrado por un sicario de la oligarquía que mató al hombre, pero propició el nacimiento de una leyenda.
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