Mediante un comunicado emitido por la cancillería, el ejecutivo bolivariano ratificó la plena vigencia de ese instrumento internacional, el cual regula desde 1966 la controversia entre Caracas y Georgetown con el fin de alcanzar un arreglo práctico y satisfactorio para ambas naciones.
En tal sentido, Venezuela reiteró su “convicción inexpugnable por la paz, la amistad y la cooperación genuina entre países hermanos”, y reiteró su voluntad de mantener los esfuerzos por concretar una negociación amistosa que conduzca a una verdadera, justa y equitativa solución al litigio y restablezca la verdad histórica.
Asimismo, el Estado venezolano hizo un llamado a Guyana a abstenerse de privilegiar posiciones de terceros actores que aprovechan la controversia territorial para favorecer intereses geopolíticos y geoeconómicos.
Ambas naciones sudamericanas reclaman los derechos de soberanía sobre la región de la Guayana Esequiba, sobre la cual el Gobierno de Georgetown presentó de manera unilateral una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En reiteradas ocasiones Venezuela desestimó la decisión de la CIJ de declararse competente para atender el recurso presentado por Guyana en relación con la controversia, y llamó a abordar el diferendo a través de negociaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Ginebra (1966).
Las autoridades venezolanas expresaron su rechazo a las intenciones de otorgar validez al Laudo Arbitral de 1899, mediante el cual se otorgaron 159 mil kilómetros cuadrados de territorios al oeste del río Esequibo al control de Reino Unido, metrópoli de la entonces colonia de la Guayana Británica.
El Estado venezolano protestó el arbitraje por considerar que existieron vicios de nulidad en la decisión, sin embargo, no fue hasta 1962 que se lograron avances tangibles tras el hallazgo de documentos que comprometieron su legalidad.
La admisión de la demanda de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, según el cual la región permanecería bajo el control de Guyana, que recibió su independencia ese mismo año.
Sin embargo, el tratado reconoció el reclamo venezolano de soberanía sobre el Esequibo y obligó a los estados firmantes a encontrar una solución concluyente, pacífica y honorable para ambas partes, por la vía de la negociación política.
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