La defensa reclamó la decisión del juez Edwin Ortez y demandó la salida del exmandatario de las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde está preso desde el 15 de febrero, y la continuidad del arresto en su casa hasta la fecha de su próxima audiencia, el 16 de marzo venidero.
El poder judicial tiene un plazo de tres días hábiles para responder a esa solicitud basada en el acuerdo de extradición entre Washington y Tegucigalpa, el cual establece la garantía del debido proceso y el respeto a los derechos y a la integridad física, psíquica y moral de los reclamados.
La fiscalía estadounidense tiene en su poder indagaciones sobre varias sumas de dinero provenientes del comercio de sustancias ilegales y de personas asociadas a ese delito para sufragar la carrera política de Hernández, con un monto acumulado de siete millones 415 dólares.
Según refirió la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado, durante la detención del exgobernante no observaron el empleo de la fuerza, ni que el imputado haya resultado con lesiones por los agentes policiales al momento de su captura, traslado y presentación a medios.
Desde la entrada en vigor del convenio de extradición en 2014 hasta 2021, Honduras recibió decenas de solicitudes de Estados Unidos, sin negar los pedidos, ni siquiera aquellos con procesos abiertos dentro del territorio nacional, y envió al país norteño a 27 ciudadanos.
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