La bancada legislativa del Frente Amplio (FA) interpeló el año pasado por ese motivo al principal firmante de lo pactado el 25 de febrero de 2021, el entonces ministro Transporte, Luis Alberto Heber, a quién impugnaron actuar contra la soberanía del país.
Con posterioridad senadores de la fuerza política opositora presentaron ante la Fiscalía una denuncia por presunta actividad delictiva.
Un proyecto de resolución en el órgano fiscalizador referido señala del proceder del Gobierno “falta de acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela del interés general”, tras un informe detallado de todo el proceso previo y su aprobación acelerada por el Poder Ejecutivo.
Durante el debate de interpelación en el Senado, el partido oficialista Cabildo Abierto criticó una negociación sobre un asunto de tal índole sin el conocimiento previo del Legislativo.
El Tribunal también criticó que al presidente de la Administración de Puertos (ANP), Juan Curbelo, por sustituir al directorio del ente que preceptivamente tenía que pronunciarse, y a la cartera del ramo que recurrió a informes y asesoramiento tras la firma del nuevo contrato, lo cual como mínimo “es irregular y reprobable”.
Agrega que tampoco resultó suficientemente acreditado por parte de la ANP que la actividad concesionada configura una suerte de monopolio determinado por razones económicas o de mercado y que su consolidación y conservación redunde en beneficios al interés general y dote de mayor eficacia y eficiencia al puerto.
La denuncia presentada por el FA atañe directamente a Heber y su subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, a Curbelo y el secretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, lo que confirma la gravedad de las observaciones y sus diversas implicaciones.
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