En la presentación del informe anual sobre Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el ejecutivo se dieron pasos significativos para la consolidación de la paz, la democracia y la participación política.
Particularmente, la desmovilización de las extintas FARC-EP y su constitución en partido político, así como la creación de las 16 curules para la paz en el Congreso para las víctimas del conflicto armado, agregó.
En tal sentido, hizo un llamado a que el Gobierno garantice el derecho a participar en las elecciones legislativas del venidero domingo y las presidenciales de mayo, «en un ambiente libre de amenazas y de violencia».
Por otro lado, Bachelet celebró los muy importantes desarrollos en materia de justicia transicional alcanzados por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas
Recalcó que, a pesar de esos avances, quedan muchos desafíos y añadió que su Oficina observó un aumento de la violencia contra las comunidades rurales y los líderes sociales en Colombia durante 2021, debido a la expansión territorial de grupos armados y bandas criminales, denunció.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han sido altamente impactado por esa violencia, remarcó.
Agregó que la oficina que dirige documentó 78 masacres, 100 homicidios de defensores de los derechos humanos y 54 de excombatientes de las FARC-EP.
Llamó a que el Gobierno establezca con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia.
«Además, es urgente que el Gobierno adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo», manifestó.
Añadió que el pasado año, su oficina documentó 54 casos de «privaciones arbitrarias de la vida» por parte de la fuerza pública, incluyendo 28 debido al uso «innecesario o desproporcionado de la fuerza» durante las protestas del Paro Nacional iniciadas el 28 de abril de 2021.
«Aliento a que el gobierno implemente las recomendaciones del informe publicado por mi oficina en diciembre de 2021, incluidas las necesarias reforma policial, y a que se garantice el derecho a la reunión pacífica mediante el respeto estricto de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza», exhortó Bachelet.
También urgió a las autoridades del país a redoblar esfuerzos para garantizar la tierra a las víctimas del conflicto armado y la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz.
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