Acusado por graves violaciones de derechos humanos, poco después de su llegada compareció ante la jueza Silvia Urioste y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe.
Después de utilizar recursos dilatorios durante cuatro o cinco años para no declarar ante un tribunal uruguayo y cuando ya no podía evitarlo, un mes antes de la fecha de presentación se fue a España, donde se le buscó por delitos y finalmente se entregó a las autoridades de un municipio de Valencia, en enero.
Según reveló en octubre del año pasado el diario El Observador, el Ejército fraguó en 1997 una junta médica para declarar que al capitán Héctor Erosa padecía de ‘trastorno severo de personalidad’ y así desacreditar sus denuncias contra Ferro sobre espionaje a políticos en democracia y otras irregularidades.
El fiscal Perciballe aseguró contar con elementos suficientes para sostener que la víctima Tassino fue trasladada al centro de detención clandestino conocido como La Tablada, donde se desempeñaba el extraditado Ferro y presuntamente participó en torturas y desaparición del militante secuestrado.
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