“La sombra de la bancarrota gubernamental obstaculizó nuestro desarrollo económico, impidió nuestro acceso a capital para obras permanentes y causó estragos en las finanzas públicas”, dijo.
Aunque reconoció que con su anuncio deja insatisfechos a diversos sectores del país, el mandatario aseguró que de los 33 mil millones de dólares que el Estado le debía a los acreedores, ahora solo se le adeudarán siete mil 500 millones, lo que representa una reducción de casi un 80 por ciento.
Antes de este acuerdo, adujo, el gobierno hubiera tenido que pagar 25 centavos de cada dólar que ingresara al fisco, pero con la aprobación del plan de ajuste de la deuda (PAD) eso se redujo a siete céntimos.
“Por eso podemos decir que la deuda reestructurada es sostenible”, comentó el gobernador al manifestar que la quiebra fiscal “puso en peligro las pensiones de nuestros retirados del gobierno e inhabilitó al Estado para mejorar sus servicios y poder invertir en su capital humano”.
Arguyó en su mensaje que esos tiempos quedan atrás, porque ahora cerramos ese capítulo y empezamos a escribir una nueva historia de prosperidad al limpiarse nuestro crédito.
Pierluisi, presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), explicó que con el PAD, que reconoció no es perfecto, hubo una reducción “sustancial” en la deuda del gobierno de Puerto Rico, “sin tener que hacer un recorte a las pensiones de los retirados del sector público”.
Este plan de ajuste de la deuda, afirmó, permitirá eliminar todas las reclamaciones de cobro contra el gobierno y mejorará el crédito cara al futuro, además de lograr otros beneficios significativos, como crear una reserva para garantizar el pago de pensiones a los retirados del gobierno sin recortar sus beneficios.
Explicó que con el PAD se le devuelven más de dos mil 200 millones a las cuentas de retiro de decenas de miles de empleados que habían perdido sus ahorros.
“Ahora tendremos la certeza de que podemos cumplir con nuestras obligaciones y enfocar nuestros recursos en proveer los servicios que merece nuestro pueblo, en crecer nuestra economía y crear las condiciones para que cada puertorriqueña y puertorriqueño tenga las oportunidades de alcanzar su potencial en su tierra”, señaló Pierluisi.
La implementación del PAD se materializa después de que en 2016 el gobierno puertorriqueño no cumpliera con el pago a los acreedores y sumara una deuda de más de 70 mil millones de dólares, lo que lo condujo a presentar una declaración de bancarrota.
Este escenario conllevó la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley Promesa y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que ha manejado desde entonces las finanzas del gobierno de Puerto Rico.
Algunos economistas difieren de este PAD y entienden que Puerto Rico, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 124 años, reincidirá en la bancarrota, mientras los dirigentes sindicales del sector público ya anticipan mayores protestas.
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