La radicación del documento, titulado Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado en el periodo de 1964- 2016, contó con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la organización Lazos de Dignidad.
Con este informe, los denunciantes buscan que el Estado reconozca las violaciones al Derecho Internacional Humanitario hacia combatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
«Los hechos denunciados ante la JEP no son crímenes contra guerrilleros o guerrilleras: son crímenes contra la humanidad», enfatizaron los firmantes del informe Victoria Sandino, Israel Alberto Zúñiga, Benedicto González y Milton de Jesús Toncel.
El documento presenta casos emblemáticos de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, recurso a métodos ilícitos de guerra, tortura y tratos crueles a prisioneros, violencia sexual, hostilidades a familiares y a la población civil.
Entre los casos expuestos en la jornada fueron: la ejecución de guerrilleros en el Cerro de Berlín en el año 2000; ejecución de Rito Antonio Pico en 1997, conocido como Quimbaya de la Red Urbana José Antequera de Barranquilla; la agresión militar a territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008.
Asimismo, el bombardeo a Martín Caballero; el bombardeo a Jorge Briceño; la ejecución de Alfonso Cano; y la tortura y malos tratos a prisioneros de las FARC-EP.
«Pedimos que la JEP como autoridad judicial competente haga las investigaciones de cada caso y determine los máximos responsables para que exista reparación y no repetición», recalcaron.
Solicitaron reparación integral que comprende un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de perdón; elaboración de una película sobre el particular que narre la historia del movimiento guerrillero y de la confrontación con las Fuerzas Militares, y con el énfasis especial en los crímenes de guerra cometidos contra las FARC-EP.
Solicitaron garantías de no repetición tales como la abolición de la Justicia Penal Militar por considerarlo un instrumento de impunidad creado para beneficio de los criminales de Estado.
Pidieron depuración de las fuerzas militares de todos los miembros a quienes se hayan visto involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad o que hayan sido investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Además, la reforma estructural de política penitenciaria, del sistema carcelario y la respectiva depuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Demandaron «que el Estado colombiano se retire del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la OTAN por considerar que no estamos en guerra ni promovemos la guerra contra ningún Estado».
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