La decisión fue adoptada por decisión dividida pues tres de los integrantes de la corte votaron a favor y los otros tres en contra de dar validez al indulto otorgado en 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski y anulado por la Corte Suprema por ilegal.
El voto del conservador presidente de la corte, Augusto Ferrero, dirimió el empate en favor de Fujimori, tal como habían adelantado ayer trascendidos judiciales, a tiempo de anunciarse sorpresivamente la medida, de cumplimiento inmediato.
El fallo dio la razón a un recurso de habeas corpus presentado por un poco conocido abogado que argumentó los méritos que atribuye a Fujimori y su decenio de gobierno de mano dura (1990-2000) y el supuesto maltrato sufrido al ser condenado a 25 años de cárcel por autoría mediática de dos matanzas de civiles inermes y otros crímenes.
El fallo dejó sin efecto el indulto otorgado a marcha forzada, por un acuerdo político y sin cumplir los requisitos de la gracia, como pedir perdón a los familiares de las víctimas de sus crímenes, expresar arrepentimiento por los mismos y pagar la reparación a los deudos ordenada por la sentencia.
El juez del TC Eloy Espinoza, quien votó en contra del habeas corpus, de argumentos endebles y lamentó que el debate del mismo no haya sido transmitido por televisión y se haya dictado en un contexto de tensiones políticas.
Añadió que el tema debió manejarse con mayor prudencia y mayor análisis, escuchando opiniones como las de las familias de las víctimas de los crímenes por los que Fujimori fue condenado tras ser extraditado de Chile en septiembre de 2007.
Dio por seguro que la apelación anunciada por el abogado Carlos Rivera -quien representó a las víctimas en el juicio a Fujimori- ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será atendida y ese foro, al que está adscrito el Estado peruano, volverá a pronunciarse contra la libertad otorgada, como ocurrió en 2018.
La libertad de Fujimori fue celebrada por la exparlamentaria Martha Chávez y el congresista Ernesto Bustamante, quienes coincidieron en reiterar el alegato que identifica con el terrorismo a quienes exigen que el exgobernante cumpla su sentencia.
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