Castillo escribió en la red Twitter que el fallo del TC refleja la crisis institucional a la que se refirió el pasado lunes en un mensaje al Congreso en la que se refirió a la precariedad del sistema de justicia y a la necesidad de una reforma del Estado.
“Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, agregó.
El primer ministro Torres, a su vez, comentó que la sentencia se tiene que acatar, “pero eso no quiere decir que no se puede criticar”, lo que hizo, a tiempo de opinar que el TC debe desaparecer.
Añadió que el TC “ha notificado a la ciudadanía que garantiza la impunidad y no la de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”,
Tras señalar que no ha hablado con el presidente sobre el fallo, que en su opinión “atenta contra los derechos fundamentales de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta que son delitos atroces” que no ameritan un indulto, como el otorgado a Fujimori en 2017 por ilegal y restablecido por el TC hoy.
Además, dijo Torres, Fujimori cometió el delito de secuestro agravado y no ha pagado la reparación a las familias de las víctimas, dispuesta en la sentencia en su contra, y dijo esperar que el TC libere también a todos los presos en la situación del exgobernante.
Expresó también que el TC estas ocasión y en muchas otras “ha fallado en contra del ordenamiento jurídico, la Constitución, pero la sentencia se tiene que acatar” y las personas afectadas por los delitos de Fujimori acudirán a instancias internacionales contra el fallo de hoy y tendrán éxito.
La vicepresidenta, Dina Boluarte, expresó su preocupación por la decisión del TC a favor de Alberto Fujimori, “autor de graves crímenes que dañaron al Perú” y se solidarizó con las víctimas, civiles inermes, incluyendo un niño, asesinados por un escuadrón militar ilegal en el vecindario limeño de Barrios Altos y en la Universidad estatal La Cantuta.
“Anhelamos una justicia que no permita casos de impunidad y cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas. Luchamos por un país donde se respeten los derechos humanos y se cumplan los mandatos de los organismos internacionales que velan por esos derechos”, expresó.
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