Su principal dirigente, Joaquín Gamba, compartió una previa afirmación al respecto del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, refutado por el magistrado John Pérez, quien encabeza la Suprema Corte (SCJ).
Gamba reiteró que desde hace tiempo los abogados del gremio enfrentan dificultades serias en cuanto a poder abarcar todas las situaciones que requieren defensores públicos.
Explicó que entre el 80 y 85 por ciento de los casos a nivel judicial necesita de esa asistencia, se trata de 300 mil personas que deben ser atendidas por 291 defensores, y así “Uruguay está incumpliendo tratados internacionales al no garantizar el acceso a la Justicia”.
Pereira presentó hace dos días en conferencia de prensa 50 denuncias de abuso policial, sin respuestas, y alegó que son casos que afectan a integrantes de familias pobres y si una persona tiene dinero, contrata un abogado penalista de “alto prestigio”.
En esta jornada le sugirió al magistrado preguntar a padres y madres de personas procesadas si tienen los mismos derechos que otros que acceden a los principales abogados del país.
Subrayó que sus dichos no ofenden a los jueces, sino “a un sistema que les da más posibilidades a los que tienen que a los que no tienen” y los que gozan de capacidad económica contrata a los penalistas de renombre todo el tiempo, mientras los pobres dependen de los de oficio cuando estos pueden.
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