A finales del pasado año una sentencia judicial cerró la institución en bancarrota financiera y semanas después el Parlamento aprobó una ley para distribuir 40 mil asociados y personal especializado en otros cuatro prestadores similares.
Sin embargo de los 700 médicos afectados a los que en total adeudan más de tres millones de dólares en salarios, las mutualistas receptoras propusieron contratar solo a 200 en cargos de escasa dedicación horaria en condiciones precarias e inestables.
La gremial declaró que “no se respeta el compromiso de mantener los puestos de trabajo” por parte de las autoridades, así como de los parlamentarios que en forma casi unánime acordaron una ley “cuyo espíritu tampoco se respeta”, al igual que ningún criterio asistencial en favor del usuario.
En este escenario acordó convocar a todas las sociedades científicas involucradas “a sumarse a nuestras reivindicaciones en defensa de los puestos de trabajo y solicitar con carácter urgente, reunión con las Comisiones de Salud del Parlamento” y declararse en sesión permanente.
Asociados y empleados de Casa de Galicia desplegaron desde enero un movimiento en favor de mantener la tradicional institución para lo que recurrieron a una huelga de hambre, marchas ante las puertas de la residencia presidencial y la presentación un inversionista europeo para sacarla a flote.
En sus instalaciones se mantienen hasta el 31 de marzo solo las puertas de emergencias e intervenciones quirúrgicas programadas .
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