Una segunda jornada nacional de manifestaciones masivas se realizó ayer en Lima y las organizaciones políticas y sociales participantes expresaron la decisión de continuar las marchas hasta lograr la reversión del fallo del Tribunal Constitucional, anunciado hace tres días..
La exministra de Cultura del actual Gobierno Gisela Ortiz es una de las promotoras de las demostraciones, en su calidad de hermana de uno de los estudiantes víctimas de las matanzas por las que Fujimori fue condenado, como autor mediato, a 25 años de cárcel.
Ortiz expresó su reconocimiento al presidente Pedro Castillo por el gesto de recibir, ayer, a los familiares de las víctimas registradas bajo el Gobierno de Fujimori (1990-2000), pero dijo que debe pAsar a la acción y rechazar enérgicamente el fallo, sin temer al partido fujimorista Fuerza Popular.
Agregó que no cree que haya un acuerdo bajo la mesa sobre el tema entre la bancada fujimorista y el ejecutivo -como señalan críticos de izquierda-, empeñado en lograr la conciliación con sus opositores.
Castillo ha lamentado el fallo como expresión de la precariedad internacional, pero el Gobierno espera que se publique la sentencia del TC para tomar decisiones, las cuales, para varios de sus miembros, deben ser decididamente contrarias al fallo.
El dictamen del TC fue emitido a marcha forzada y sin mayor análisis, según uno de sus integrantes, por una precaria mayoría, no alcanzada en una primera votación que registró tres jueces a favor y tres en contra y resuelta por el voto dirimente del presidente de la corte, Augusto Ferrero, señalado por inclinaciones fujimoristas.
Sobre el tema, Diego García Sayán, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado peruano, dijo que la decisión del TC no tomó en cuenta decisiones previas de la CIDH sobre las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por las que fue condenado Fujimori.
Advirtió que las decisiones de la CIDF son de obligatorio cumplimiento, inclusive para el tribunal peruano, y recordó que esas instancia verifica el cumplimiento de las sentencias por esos casos y de la obligación del Estado peruano de que se hagan efectivas.
Añadió que el tema está abierto y que el fallo del TC sobre Fujimori coincide con el periodo de sesiones de la Corte Interamericana, que culmina el 8 de abril y que tenía en agenda la supervisión de cumplimiento de las sentencias por las dos masacres.
García Sayán, quien ha sido ministro y canciller, añadió que lo que corresponde ahora es que la Corte cite al Estado peruano a dar una explicación sobre el fallo del TC y también a los representantes de las víctimas de esos crímenes.
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