Los ambientalistas decidieron llevar el caso a Estrasburgo porque el tribunal de apelaciones del Reino Unido rechazó su reclamo de que el fracaso de los ministros a la hora de tomar medidas prácticas y efectivas para frenar el cambio climático atenta contra el derecho a la vida de las personas.
Según el juez, no existe una autoridad vinculante que obligue al gobierno a tener en cuenta la reducción de la temperatura a 1,5 grados como parte de sus obligaciones de preservar la vida de sus ciudadanos.
Los demandantes afirman, no obstante, que las autoridades no solo son incapaces de cumplir sus propios compromisos de alcanzar cero emisiones para 2050, sino que tampoco han podido preparar al país para enfrentar el impacto del cambio climático.
Al respecto señalaron que el distrito financiero de la City de Londres es responsable del 15 por ciento de las emisiones globales de gases de carbono, y que el llamado índice FTSE100 está llevando al mundo a un calentamiento global de cuatro grados.
Esto equivale a practicar el terrorismo contra las generaciones más jóvenes y contra los países del sur global, por lo que el gobierno tiene el deber de intervenir, aseveró Plan B Earth.
El director de la organización ambientalista, Tim Crossland, consideró, por su parte, irracional el rechazo de la justicia británica a aceptar que el Acuerdo de París firmado en 2016 es relevante a la hora de analizar el derecho a la vida.
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