Esos hechos desviaron la atención de la hasta ahora exitosa campaña de vacunación masiva contra la Covid-19, iniciada el miércoles y que a pesar de algunos inconvenientes organizativos, ya permitió suministrar la primera dosis a más de medio millón de personas.
El recurrente tema de la desproporcionada actuación de Carabineros volvió a la palestra hoy luego que el viernes la ciudad de Panguipulli, en la región de Los Lagos, viviera una jornada de inusual violencia.
El detonante fue la muerte de Francisco Martínez Romero, de 25 años, quien tras ser requerido para un control de identidad, terminó baleado casi a quemarropa por un policía.
Inmediatamente se generaron las protestas y fue apedreada la comisaría de Carabineros, mientras el edificio de la municipalidad resultó destruido totalmente, y dañados locales del Registro Civil, Correos de Chile, el juzgado local y otras instalaciones.
Con menor magnitud también se reportaron protestas en otras localidades en repudio a la violencia policial, situación que esa institución arrastra desde la revuelta social que se destapó en octubre de 2019, con innumerables denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
Desde toda la oposición volvieron los cuestionamientos a la desprestigiada institución y la necesidad de una restructuración urgente, que el Gobierno prometió pero no ha cumplido.
Mientras, en el norte del país, las autoridades no parecen atinar a controlar la llegada de indocumentados, para lo cual apelan incluso a los militares en la vigilancia de las zonas fronterizas.
Aunque el problema no es nuevo, cobró relevancia por la crisis que vive la pequeña localidad de Colchane, cercana a Bolivia, donde se han concentrado más de mil indocumentados, con niños y adultos mayores, quienes permanecen a la intemperie y sin ayuda alguna.
El Gobierno alega que la situación ‘está relacionada con una crisis internacional, sanitaria, social’, pero otras voces señalan su responsabilidad.
La activista de la organización Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, recordó que el flujo migratorio fue alentado por el propio presidente Sebastián Piñera, quien prometió
acoger a ciudadanos venezolanos, para quienes se lanzó una ‘visa de responsabilidad democrática’ que en vez de canalizar la inmigración estimuló el flujo de indocumentados.
Mientras, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y otras organizaciones similares critican que este asunto se asume en Chile más como un problema de Seguridad Nacional que desde una perspectiva de Derechos Humanos.
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