Una inspección técnica del Instituto Nacional de Colonización (INC) detectó que el legislador y su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, el coronel retirado Roque, explotan cuatro mil 330 hectáreas, de las cuales dos mil 856 están reguladas por una ley de 1948.
A tenor con esa la legislación, los beneficiarios con tierras otorgadas para fomentar su explotación están obligados a residir en ellas y realizar trabajos directos, lo que incumple la pareja de acuerdo con lo verificado.
Los tres familiares explotan dichas tierras a través de la sociedad anónima Palomar S.A. presidida por la ministra e INC exigió la presentación del título de contraventa de campos afectados a fines de colonización.
Manini alegó que ninguno de ellos fueron colonos y que el INC se deshizo de esas tierras porque no eran adecuadas para sus fines y se las vendieron a su suegro y aludió a trámites realizado en los años 1970 de la dictadura cuando la institución estaba intervenida por los militares.
Pero el actual presidente del INC, Julio Cardoso nunca recibió documentos probatorios, por lo que calificó el tema de “escabroso”, y el director por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, corroboró la ausencia de un acta que demuestre un acuerdo de cesión de terrenos inadecuados.
La pareja se encuentra en una situación complicada tanto en lo legal, ya que son propietarios ausentes, y en lo político porque el senador votó un artículo de la Ley de Urgente Consideración que eliminó la obligación de residir y trabajar en las tierras, lo que redundó en su provecho personal.
El representante de la Mesa Nacional de colonos en el departamento Artigas donde están las propiedades, Mario Teddy, desmintió al general retirado y dijo que tiene una familia de colonos ausentes, lo cual es conocido desde hace tiempo y “no es el único político” que está en idéntica situación.
Tres senadores frenteamplistas manifestaron que la presentación documental es clave porque es un miembro de la Cámara Alta y porque está juego la “honorabilidad de Manini”.
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