Círculos legislativos indicaron que la ponente del texto, Daniella Ribeiro, aceptó algunas enmiendas y, por lo tanto, el escrito retorna a la Cámara de Diputados para su análisis.
Figura entre las revisiones incluidas en el contenido la que garantiza la asistencia jurídica de un Defensor Público o de un abogado designado o nombrado para amparar a los pequeños y jóvenes en situaciones de violencia.
El documento determina una pena de tres meses a dos años para quien incumpla una resolución judicial favorable a la adopción de medidas cautelares de urgencia.
Tal proyecto de ley también aumenta la sanción por homicidio contra una persona menor de 14 años si el delito es cometido por un familiar, empleador, tutor o el apoderado de la víctima.
De igual manera si el atormentado es una persona con discapacidad o tiene una enfermedad que aumenta su vulnerabilidad.
La propuesta fue bautizada como Ley Henry Borel, en honor al niño de cuatro años que resultó golpeado y asesinado en marzo de 2021.
Aparecen como acusados del crimen, la madre del pequeño, Monique Medeiros, y el padrastro. Ambos permanecen en prisión.
El proyecto también prevé sanciones para quienes no comuniquen a la autoridad pública la práctica de violencia, tratos crueles o degradantes, o formas violentas de educación, corrección o disciplina, contra niños o adolescentes, o el abandono de personas incapaces.
La pena será de seis meses a tres años, pero podrá incrementarse si la omisión proviene de familiares o si provoca la muerte de la víctima.
«En cuanto al fondo, el proyecto de ley está dotado del más alto grado de relevancia. La violencia contra los niños y los adolescentes es un problema grave que exige una respuesta adecuada por parte del Estado», afirmó Ribeiro.
Según su informe, Disque 100, un servicio de denuncia de violaciones de derechos humanos, mantenido por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, se registraron más de 119 mil acusaciones de violencia contra niños y adolescentes. La ponente calificó esta cifra de espantosa.
Más de seis mil niños y adolescentes murieron en 2020 de forma violenta intencional en Brasil, donde 267 tenían de cero a 11 años y cinco mil 855 entre 12 y 19, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Otro informe, elaborado por esa organización sin fines de lucro y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que un total de 34 mil 918 infantes y jóvenes fueron asesinados en el gigante suramericano de 2016 al 2020, un promedio de siete mil por año.
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