El grupo se encuentra desde el pasado 22 de marzo en esta capital con el propósito de explicar cómo los afectan la militarización en las acciones de conservación de la selva y solicitar una audiencia para discutir el papel de la Fuerza Pública en la defensa del medioambiente, apuntó el medio periodístico.
Provenientes de 40 resguardos, reservas y asociaciones campesinas de los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía discrepan específicamente de la Operación Artemisa, un plan gubernamental que involucra al Ejército y la Policía.
Las cifras divulgadas por Duque en febrero último dan cuenta que desde Mapiripán (Meta) la acción del ejecutivo permitió recuperar 12 mil 358 hectáreas de bosques, parques naturales y selvas.
Sin embargo, la miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (Caquetá) Luz Mery Panche alertó en declaraciones a El Espectador que han sido víctimas de atropellos por parte del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía.
Tenemos campesinos que están siendo judicializados en cárceles, y por esta razón hemos venido al Congreso para hablar con algunos senadores y proponer una audiencia pública en el municipio de La Macarena (Meta) para exponer de manera amplia esta situación, explicó.
Nuestra propuesta es que nos incluyan de verdad en la Mesa Ambiental, que instaló el Ministerio del Interior en marzo del año pasado y se quedó quieta por la pandemia, subrayó Panche.
Carlos Rodríguez, otro campesino del mismo territorio, también cuestionó las operaciones de Artemisa, porque ya van cinco billones de pesos colombianos gastados durante tres años y no se ven los avances, señaló.
De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, alrededor de un tercio del bosque original colombiano ha sido eliminado a consecuencia de la deforestación, un fenómeno con un profundo impacto ecológico sobre la biodiversidad, pues este país aparece como el segundo con mayor diversidad biológica de la Tierra.
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