“No aceptamos ninguna Resolución, actualización o reporte sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido”, subraya el texto.
El documento refiere que los informes solo recogen las voces de algunos sectores minoritarios, definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas, sin tomar en consideración las valoraciones presentadas por el gobierno sandinista.
De igual modo, hace un llamado a no centrar ni basar estas resoluciones en campañas mediáticas de desinformación y odio.
“Instamos a que la verdadera defensa, promoción y desarrollo de los Derechos Humanos, que este organismo internacional debe impulsar, sea la aplicación de los mismos, en plena armonía con el respeto a la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada País, sin perder de vista la universalidad de los Derechos Humanos”, afirma el escrito.
El informe también destaca las políticas públicas desarrolladas por el gobierno encabezado por el Daniel Ortega y la vicemandataria, Rosario Murillo, dirigidas a proteger el bienestar de todo un pueblo, pese a sanciones agresivas e ilegítimas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
El gobierno sandinista reiteró ante el referido organismo internacional que la nación centroamericana nunca ha sido, ni será un peligro, ni mucho menos una amenaza para ningún país del mundo.
“Nuestra lucha es por la justicia y la igualdad, misma que nos permite reclamar que estos espacios no sean usados por fuentes lesivas, para aplicar injustas medidas unilaterales, coercitivas e ilegales para Nicaragua, que son las que realmente se constituyen en crímenes de lesa humanidad”, ratifica el comunicado.
En esa línea, demandó que el Consejo observe de manera imprescindible, en todas sus actuaciones, el principio de no intervención y de un trato igual para todos los Estados partes del sistema universal de Derechos Humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
Dicha resolución fue aprobada con 20 votos a favor siete en contra y 20 abstenciones.
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