Según la Amcham, la idea de reformar la normativa planteada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afecta la competitividad del sector, el estado de derecho y el desarrollo sustentable del país, criterios que rechaza y refuta la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La cámara insiste en que la propuesta enviada el lunes pasado por el presidente López Obrador al congreso no es consistente con los compromisos adquiridos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Comentó que históricamente uno de cada cuatro pesos del total de la Inversión Extranjera Directa en el sector energético proviene de Estados Unidos, por lo que llamó a los legisladores a generar una política nacional bajo un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto de los compromisos internacionales.
Esa intromisión de Amcham es criticada por legisladores del partido oficialista Morena que son quienes defienden su aprobación en la Cámara de Diputados.
Contrario a lo que se dice, el gobierno mexicano no está contra las fuentes alternativas de energía, incluidas la solar, eólica y otras, sino de los privilegios que la vieja reforma impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y anteriormente su antecesor Felipe Calderón, otorgaron a empresas extranjeras españolas y estadounidenses.
Como un desmentido a las campañas sobre las fuentes no renovables, hoy mismo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Federal de Electricidad, y las autoridades de la agencia de Santa María del Mar, Oaxaca, acordaron la puesta en operación de una Planta Eléctrica Solar de 540 Kilovatios de potencia efectiva por día.
Los habitantes de esta localidad llevaban más de 10 años sin el servicio eléctrico, y esas soluciones serán aplicadas a decenas de lugares en el país en situación semejante.
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