Según subraya, el gobierno etíope impugna los juicios de cuestiones políticas que “consideraron necesario o dentro de sus competencias abordar”.
Aclara, asimismo, que los asuntos internos son tratados por los órganos constitucionales, por lo cual no son prudentes sus opiniones.
De acuerdo con el reporte, fuerzas de la región de Amhara y sus opositoras del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) asesinaron a miles de personas en el norte del país.
Divulgado este miércoles, revela también que las autoridades de Welkait (occidente de Tigray), perpetraron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Saqueos y negación de ayuda humanitaria, como parte de una campaña de limpieza étnica, fueron algunos de los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el contexto del conflicto armado entre el gobierno y el TPLF (siglas en inglés), añade.
Incluso, acusa de complicidad a las autoridades federales porque, supuestamente, no investigaron los asesinatos, arrestos ilegales y torturas del ejército contra la población tigriña.
El gobierno, apunta la cancillería, está preocupado por “el trasfondo étnico del informe” y desaprueba las alusiones a cuestiones de la paz y seguridad.
Sabían que esa información puede utilizarse con fines políticos y esta actitud no es aceptable, manifiesta el comunicado, y estima que el texto “alimenta el odio y dificulta la reconciliación”.
Tiene evidentes debilidades basadas en presuntos testimonios de ciertos grupos, asevera, y avisa que un equipo gubernamental considerará el informe pese “al ataque injusto contra la Fuerza de Defensa Nacional”.
Los relatos sensacionalistas lo desacreditan. Culpar a un grupo no sirve a la causa de los derechos humanos y la paz, recalca.
Desafortunadamente, se desvía y hace recomendaciones inútiles para cualquier esfuerzo de pacificación. Pero “el gobierno reitera su compromiso de examinar seriamente las denuncias de violaciones de los derechos humanos y publicar las conclusiones”, declara.
El ataque del TPLF al Comando Norte en noviembre de 2020, fue la gota que colmó las diferencias entre la organización y el gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, quien ordenó una operación militar para reducirlo.
Iniciada en Tigray, a mediados de 2021 la guerra fue extendida por el Frente a las regiones de Afar y Amhara, después de rechazar un alto al fuego que declaró de manera unilateral el gobierno.
Durante la ocupación de esa jurisdicciones, afirman informes oficiales, causó el desplazamiento de un millón 800 mil personas y hundió en la inseguridad alimentaria a ocho millones 300 mil ciudadanos.
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