La entidad señala que, al tratarse de una norma general, se necesitan al menos de ocho votos para declarar su inconstitucionalidad, y en caso de no llegar alcanzarlos, la acción se desestima y la norma impugnada continúa teniendo vigencia.
Al iniciar el análisis de ese asunto el martes pasado, ya tres de los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país se pronunciaron por el fondo del asunto.
En primer término, la magistrada Loretta Ortiz propuso declarar constitucional la ley al considerar que son infundadas las impugnaciones.
En contraste, el ministro Javier Laynez Potisek se pronunció por la inconstitucional de las reformas a dicha legislación, al estimar, entre otros puntos, que se prioriza a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara explicó que, en general, comparte el proyecto de Ortiz, aunque anticipó que votará por la invalidez de algunos artículos.
Cinco ministros avalaron los antecedentes, el marco constitucional, la planeación y el control, así como el derecho de toda persona al acceso a la energía eléctrica, y el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
En este apartado, el proyecto de sentencia de la ministra Ortiz destacó que el acceso al servicio de la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano, tal como el agua.
Considero que nos encontramos frente a una gran oportunidad para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, pues a mi parecer no existe duda de que se ha consagrado como un elemento indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas, señaló.
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