De acuerdo con el frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP) que las promueve, la carestía y los ajustes salariales por debajo del Índice de Precios al Consumo “son una realidad en un país que hacía tiempo no sufría una crisis como la que se vive”.
Señala que la situación no da para más y que las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo son «apenas parches» que pretenden aliviar un contexto como si fuera coyuntural, cuando en realidad entienden que no es así.
La fuerza política sostiene que mejorar las condiciones de vida, tiene que ver con recuperar la pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados, mediante la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan otorgar aumentos especiales para empleados públicos y pasividades.
Enfatiza en otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron en el último año ganancias extraordinarias debido al alto precio de su producción. Asimismo propugna la reducción del Impuesto al valor agregado (IVA) en productos de la canasta básica y el supergás por un período de seis meses para compras realizadas con medios electrónicos de pago del Ministerio de Desarrollo Social para que llegue a los consumidores más afectados por el alza de precios.
Otras propuestas apuntan a crear un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles, con cargo a Rentas Generales para amortiguar el impacto de la suba y profundizar las medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera.
Sus propulsores afirmaron que hay espacio fiscal suficiente para complementarlas en el entendido de que serían medidas transitorias, «no afectaría el gasto estructural y permitiría aliviar el peso de la inflación a los hogares y en el Uruguay productivo».
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