El submarino, de fabricación alemana, partió desde la sureña ciudad de Ushuaia y perdió el contacto con la Armada el 15 de noviembre de 2017.
Fue buscado durante los primeros días en una operación que incluyó el empleo de tecnología de avanzada y la participación de 15 países, tras lo cual se contrató a la empresa Ocean Infinity, que finalmente dio con su paradero un año después.
Los familiares de los 44 oficiales fallecidos en ese hecho enfrentan a Macri en la justicia por presunto espionaje contra ellos, mientras aguardaban por noticias de sus seres queridos.
Según precisó una de las abogadas que los representa, Valeria Carreras, hoy tendrá lugar una audiencia a través de la plataforma virtual Zoom, en la cual demandará la separación del caso del juez Julián Ercolini.
Ercolini quedó a cargo del proceso en febrero, cuando fue remitido al Tribunal de Comodoro Py 2002, un terreno más conocido y favorable para el exmandatario.
Voy a pelear por todo aquello que nos hace vivir en democracia: garantías de un juez imparcial, igualdad ante la ley y protección a la intimidad. Voy por los familiares del ARA San Juan y por todos, escribió Carreras en su perfil en la red social Twitter.
Para mañana estaba prevista una sesión sobre el caso, pero fue postergada para el 26 de este mes.
En diciembre pasado, el juez de la localidad bonaerense de Dolores, Martín Bava, procesó al exgobernante por su responsabilidad directa en el seguimiento ilegal a los familiares de los submarinistas.
Bava sostuvo que Macri ordenó y posibilitó, desde su cargo de Presidente de la Nación, la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley.
Entre esos delitos se encuentran la obtención y almacenamiento de información de ciudadanos seleccionados por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.
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