El submarino, de fabricación alemana, partió desde la sureña ciudad de Ushuaia y perdió el contacto con la Armada el 15 de noviembre de 2017.
Fue buscado durante los primeros días en una operación que incluyó el empleo de tecnología de avanzada y la participación de 15 países, tras lo cual se contrató a la empresa Ocean Infinity, que finalmente dio con su paradero un año después.
Los familiares de los 44 oficiales fallecidos en ese hecho enfrentan a Macri por presuntas acciones ilegales de vigilancia contra ellos mientras aguardaban por información sobre sus seres queridos y conocían, después de un largo período, la desgarradora noticia de sus muertes.
Para esta jornada estaba prevista una sesión sobre el caso, pero fue postergada para el 26 de este mes.
En diciembre pasado, el juez de la localidad bonaerense de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri por su responsabilidad directa en el seguimiento ilegal a esas personas.
Bava sostuvo que el exmandatario ordenó y posibilitó, desde su cargo de Presidente de la Nación, la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley.
Entre esos delitos se encuentran la obtención y almacenamiento de información sobre ciudadanos seleccionados por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.
En febrero último, Bava remitió el caso a los tribunales federales porteños por considerar que estaba vinculado a otras causas relacionadas con el llamado Proyecto AMBA, como parte del cual fueron instaladas en Buenos Aires más de seis bases de inteligencia desde donde se espiaron a diversos sectores, en especial, al político.
El paso de esos expedientes al Tribunal Comodoro Py 2002 y a manos del juez federal Julián Ercolini recibió fuertes críticas por ser un terreno más conocido y favorable para el exmandatario.
Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y la vicepresidenta de este país, Cristina Fernández, entre otras figuras, acusaron a esa instancia de beneficiar al ex jefe de Estado y a exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) implicados en el escándalo.
De hecho, el traspaso se debió a una solicitud de la defensa de los acusados y Comodoro Py concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del “accionar cuentapropista de un grupo de espías”.
La víspera, una de las abogadas que representa a los familiares de los submarinistas, Valeria Carreras, participó en una audiencia a través de la plataforma virtual Zoom, en la cual demandó la separación de Ercolini del caso.
Voy a pelear por todo aquello que nos hace vivir en democracia: garantías de un juez imparcial, igualdad ante la ley y protección a la intimidad. Voy por los familiares del ARA San Juan y por todos, escribió Carreras en su perfil en la red social Twitter antes de la cita.
En varias oportunidades, la abogada reclamó información sobre viajes al exterior realizados por Macri pese a ser objeto de una investigación en curso con graves implicaciones.
Carreras denunció al exmandatario por falsedad ideológica e insistió en el derecho de los querellantes a acceder a los datos de sus numerosas salidas a otros países, permitidas pese a las alertas sobre el peligro que significan para el desarrollo del proceso.
Asimismo, afirmó ante el juzgado que detalles de esos viajes son difundidos en las redes sociales y medios de comunicación, lo cual se contrapone con la preservación de la intimidad, justificación dada para ocultar esa información al equipo legal de los familiares.
Por otra parte, solicitó la documentación relacionada con una nueva solicitud presentada por Macri para viajar del 18 al 22 de este mes.
Recientemente, el expresidente publicó una foto junto al exmandatario estadounidense Donald Trump durante un almuerzo en Florida y a finales de marzo, participó en el Mundial de Bridge en Italia.
Por otra parte, el hermano del exgobernante argentino Mariano Macri pidió por segunda ocasión posponer su declaración sobre las acciones de espionaje en las que está involucrada su familia.
En una audiencia, planificada para el lunes, debía explicar sus declaraciones al periodista Santiago O’Donnell para el libro Hermano, como parte de las cuales afirmó: “empezó el viejo (Franco Macri) preocupado por el marido de Sandra (hija de Franco), pero después parece que a Mauricio le gustó el juguete, porque tuvieron el problema de las escuchas”.
Sin embargo, Mariano intenta ahora esquivar las citas judiciales y presentó motivos como que está en curso un proceso contra O´Donnell y que, según el Código Penal, no puede declarar contra su hermano.
Mientras el proceso se dilata y los implicados buscan la salida más beneficiosa para ellos, las familias de los 44 oficiales fallecidos esperan que se haga justicia y se divulgue lo verdaderamente sucedido.
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