«Sigo en mi cargo, hoy en San Andrés trabajando por la seguridad de los colombianos», afirmó el titular luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulase su nombramiento.
Dicha sentencia fue tomada porque cuando Molano llegó al puesto en febrero de 2021, el gabinete de ministros no cumplía con Ley de Cuotas, la cual le exige al Gobierno tener al menos el 30 por ciento de carteras ocupadas por mujeres.
El Tribunal advierte que «el nombramiento del Ministro de Defensa se produjo cuando existía la obligación de nombrar a una mujer».
La demanda, en este caso, fue presentada por organizaciones de la sociedad civil como Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres.
La Ley de Cuotas fue aprobada en el 2000 para promover la efectiva participación de la mujer en el Estado.
Molano, además de encontrarse ahora en esta encrucijada también deberá enfrentar un debate de control político la semana próxima, aprobado por la Comisión Primera del Senado del Congreso por el asesinato de 11 civiles a manos del ejército en Putumayo y que fueron presentados como disidentes abatidos.
El senador del Partido Comunes Julián Gallo, uno de los promotores de llevar al ministro a ese debate, enfatizó que los «falsos positivos» no son hechos aislados y corresponden a una doctrina de seguridad en este país.
«No podemos olvidarnos de lo ocurrido en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo en Putumayo, que pone en evidencia que los falsos positivos nunca se acabaron y nunca se fueron. Es doloroso como en pleno siglo XXI nuestro país sigue desangrándose para beneficio de la guerra», enfatizó.
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