El fiscal a cargo de la investigación, Gilberto Rodríguez, citó para la jornada a directivos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), cuyo cometido es asesorar al Poder Ejecutivo en la materia a su cargo.
Previo a esta citación, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó que “básicamente el asesoramiento no existió, ni se manifestó a través de la voluntad de la ANP”, ya que solo llevó la firma del presidente del organismo, Juan Curbelo, del Partido Nacional sin pasar por los directores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
Este señalamiento fue uno de los que senadores del Frente Amplio (FA) incluyeron en sus denuncias de procedimientos irregulares y presuntos actos ilegales en la firma de un acuerdo entre el gobierno y la mencionada empresa belga para entregarle el monopolio de la terminal especializada en contenedores por 50 años más.
Para el FA, una decisión de tal envergadura requería la votación especial de las cámaras legislativas y además significó una entrega de soberanía en un área de importancia estratégica para el futuro de la nación.
Por el contrario, el TCR concluyó en resolución adoptada el 20 de marzo que ese acuerdo “resulta ajustada a derecho”, contado con los votos a favor de tres ministros del oficialismo y de la presidenta que inclinó la balanza ante tres ministros de la fuerza opositora en contra.
Al menos la instancia hizo algunas puntualizaciones sobre la redacción del nuevo reglamento de atraque, que da prioridad a la terminal especializada de Katoen Natie en detrimento de los muelles públicos.
Mientras, una encuesta reciente de la consultora Cifra arrojó que un 46 por ciento de los uruguayos consultados considera negativa la denunciada concesión, a un 23 por ciento le parece bien y el 28 se abstuvo de opinar por desconocer sus términos en detalles.
Entre las personas con más educación la mitad está en contra y menos de un cuarto a favor, en cambio entre los de menos educación las opiniones están divididas, con un 33 por ciento que apoya la decisión del gobierno.
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