De acuerdo con la convocatoria, desde hace casi un mes, los trabajadores rurales de la región están alerta ante la llegada de tropas militares para realizar labores de erradicación forzada en las veredas Nazaret, Guachimán y Cerro Madera de Tibú, en donde muchas de las familias subsisten de los cultivos de coca, señaló la organización Al Carajo.
Las comunidades se organizaron en asentamientos para evitar que los despojen de esas plantas ante el incumplimiento del gobierno para sustituir los cultivos.
Los campesinos exigen el cese de la erradicación y un espacio de diálogo para discutir otras alternativas de sustitución, una petición que el campesinado en esta región abanderó durante el Paro Nacional del año pasado.
Según denuncias, el Gobierno en esta región insiste en la erradicación «forzada y violenta» con graves consecuencias en materia de Derechos Humanos, pues dos campesinos ya han sido asesinados por el Ejército en medio de estos operativos en Norte de Santander.
Las comunidades convocaron a una marcha pacífica en el municipio de Tibú la cual se extenderá desde el corregimiento Campo Dos hasta el Refugio Bertranea en ese mismo municipio.
«Exigimos el derecho a la salud, a la educación, a las vías en buen estado, que pare la erradicación forzada (…) no queremos que regresen los falsos positivos a la región», afirmó uno de los voceros de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo.
Además, exigen la presencia de la Asociación de Personeros del Catatumbo y de la Defensoría del pueblo en los asentamientos campesinos.
Igualmente, las comunidades continuarán organizando sus propuestas en materia de sustitución de cultivos, señaló la publicación.
Según Olger Pérez, líder y vocero de ese colectivo, su objetivo es llevar a cabo una asamblea regional en el Catatumbo en donde construyan una propuesta para el tema de cultivos que reconozca las causas estructurales por las cuales los campesinos siguen sembrando coca.
El Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el cuarto punto establece la necesidad de una solución definitiva al problema de las drogas, incluyendo la sustitución de cultivos de uso ilícito.
La disminución de hectáreas sembradas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha sido solo de 26 mil (un 15,4 por ciento) desde el 2018 a finales del 2020.
Es decir, Colombia pasó de tener 169 mil hectáreas de coca en 2018 a 143 mil hasta finales del 2020.
La disminución contrasta con el incremento en la producción potencial de clorhidrato de cocaína que pasó de mil 58 toneladas métricas en el 2017 a mil 228 en el 2020.
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