El detonante de esta protesta fue el anuncio por el ministro de defensa, Javier García, de convertir en sitio de visitas a lo que fue la conocida cárcel del pueblo del Movimiento de Liberación Tuparamos, donde recluyó unos pocos jerarcas cómplices del Estado de represión en la década de 1970.
Las organizaciones opuestas señalaron que García omite el dato clave de que ese lugar, una vez descubierto por fuerzas del régimen, fue utilizado como centro de tortura por parte de los propios militares durante la dictadura.
“Si quieren mostrar eso, que muestren todas las cárceles que hubo, todos los lugares de detención que existieron durante el terrorismo de Estado, manifestó el vicepresidente de Crysol, Baldemar Tarocco.
Por su parte, Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que el Gobierno debería dar toda la información que rodea a la antigua cárcel tupamara, porque después fue una cárcel clandestina donde en el 1976 pasaron 100 presos, torturados y también se usó para pinchar teléfonos hasta el final de la dictadura en 1985.
Ambos dirigentes aludieron críticamente a la teoría de “los dos demonios” para la interpretación histórica-política reciente uruguaya y equiparar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas con la resistencia armada de la organización guerrillera.
Tarocco, quien integra la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, afirmó que por la apertura de la cárcel tupamara presionó el oficialista partido Cabildo Abierto de los militares y el movimiento Foro Montevideo, que realiza una campaña para que exrepresores condenados sean liberados.
Recordó que a principios de agosto esa formación política, liderada por el exjefe del ejército y actual senador, presentó un anteproyecto de ley para que mayores de 65 años sentenciados por crímenes en la dictadura pasen a prisión domiciliaria.
En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978, sin embargo, solo un tres por ciento de las denuncias terminaron en una sentencia.
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