Hace 37 años el pueblo argentino rompió el silencio frente a la impunidad. El Juicio a las Juntas conmovió la conciencia del mundo entero, escribió el mandatario en su perfil en la red social Twitter.
La decisión de Raúl Alfonsín (primer presidente tras el retorno a la democracia) de enjuiciar a los jefes militares que ordenaron la persecución, tortura, muerte y desapariciones sentó las bases de uno de nuestros acuerdos sociales más sólidos: Nunca Más, añadió.
Por decretos del entonces jefe de Estado, en 1983 fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y en 1985 comenzó el proceso contra Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
La Cámara Federal condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a 17; y a Lambruschini a ocho; en tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
La sentencia de cinco de los nueve procesados fue considerado un hecho histórico y contra la impunidad del terrorismo de Estado.
No obstante, los familiares y amigos de las miles de víctimas de la dictadura continuaron demandando la continuidad de las investigaciones y la aplicación de las justicia contra todos los responsables de los crímenes cometidos.
Según recuerda la periodista y escritora Stella Calloni en varios artículos sobre el tema, ante presiones militares y políticas, en 1986 y 1987 fueron aprobadas por el Congreso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que establecieron la impunidad para centenares de acusados.
Los jefes militares quedaron en prisión, pero fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem (1930-2021) entre 1989 y 1990.
Tras su llegada al gobierno en 2003, Néstor Kirchner (1950-2010) implementó medidas para separar de las Fuerzas Armadas a los responsables de aquellos hechos, transformar los centros clandestinos de detención y anular las leyes que permitieron a los culpables evitar las condenas correspondientes.
Desde entonces fueron procesados más de 500 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
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