En conferencia de prensa, el relator del caso, Gustavo Salazar, precisó que del total de víctimas asesinadas y desaparecidas, cinco mil 195 eran miembros de la UP y 538 no no pertenecían a ese partido político, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos contra esa colectividad.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que la violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada, sistemática y selectiva, entre 1984 y 2016.
De acuerdo con los resultados del análisis realizado por la Sala, de las cinco mil 733 víctimas, cuatro mil 616 fueron asesinadas y mil 117 fueron desaparecidas forzadamente.
Sobre la base de este análisis, estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones.
Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal porque la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con dos mil víctimas, puntualizó.
A partir de estos datos, esa instancia de la justicia transicional en Colombia identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la UP hubo un patrón sostenido de 1984 a 2007, y las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima.
La Sala de Reconocimiento analizó siete bases de datos en el proceso de integración y contrastación de fuentes para establecer el universo provisional de hechos y víctimas. Entre ellas, informes de la Fiscalía General, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas.
También, el listado que la Sala de Reconocimiento elaboró con datos de víctimas de la UP que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad.
Otras fuentes son la información disponible en las acreditaciones de víctimas; la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción y el Informe de la Corporación Reiniciar.
Es la primera vez que una instancia judicial recaba, sistematiza y contrasta tal cantidad de información sobre el fenómeno de victimización de la UP y establece un número mínimo de víctimas afectadas por la acción criminal, añadieron los representantes de la JEP.
EVITAR LA REPETICIÓN
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, recordó que la Constitución de Colombia es democrática y participativa y que, aunque aboga por la paz, siguió el desmantelamiento criminal de la Unión Patriótica.
Actualmente, a pesar del nuevo Acuerdo de Paz también reflejado en la Constitución política, son más de 300 excombatientes desmovilizados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que fueron asesinados en los últimos cinco años, enfatizó.
Por eso, subrayó, tenemos que reaccionar lo más rápidamente posible ante esta situación, y señalan que en Colombia hay un alto índice de impunidad en este tipo de delitos, para prevenir la repetición de este ciclo de violencia política.
La JEP, con base en ese estudio realizado y esta actualización en términos temporales y espaciales pretende en el curso de este año identificar a los máximos responsables, y por consiguiente, lo que sigue serán las imputaciones, añadió.
Recalcó que los crímenes contra la UP fueron dirigidos todos de manera sistemática con el único objetivo de ponerle término a una experiencia democrática que había nacido en el seno del proceso de paz planteado por el expresidente Belisario Betancur.
«Fueron un total de cinco mil 733 personas que buscaron ejercer el derecho fundamental de formar un partido político, ejercer la democracia en el ámbito de la participación y que por ejercer ese derecho fueron víctimas de violencia letal».
Este es uno de los macrocasos más importantes y trascendentales de la JEP y en el transcurso de este año se van a expedir los primeros autos de determinación de hechos y conductas dirigidos a señalar quiénes fueron los máximos responsables de este desmantelamiento criminal de una experiencia democrática, explicó Cifuentes.
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