Firmada por el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar, la reforma al Código Penal incrementa las penas de prisión entre 20 y 35 años para los homicidios calificados como crímenes de odio.
La nueva normativa establece como crimen de odio aquel que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.
Alvarado sostuvo que la modificación busca fortalecer y actualizar el régimen de protección a los derechos humanos y la igualdad de las personas y poblaciones.
En específico, se trata de aquellas que han sido históricamente violentadas y perseguidas por el azar de haber nacido con determinada nacionalidad, etnia, discapacidad o tener una orientación sexual distinta.
Ninguno de estos motivos le pueden quitar la paz a ningún ciudadano, afirmó Alvarado.
De su lado, la titular de Justicia y Paz apuntó que Costa Rica por vocación ha escogido el camino de la prevención de la violencia y esa debe ser la senda para no tener que lamentar crímenes de este tipo.
Llamó a educar y formar a la ciudadanía, principalmente a la niñez, adolescencia y juventud para construir una sociedad inclusiva en la que haya plena conciencia de que cabemos todos en nuestra diversidad, y para resolver los conflictos con respeto, tolerancia y apertura.
Durante la rúbrica exaltaron que la reforma legal coloca a Costa Rica en sintonía con la normativa internacional en materia de protección de los derechos humanos e igualdad a las personas o poblaciones que han sido históricamente violentadas y perseguidas por motivos de prejuicios sociales e intolerancia.
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