En un debate de control político al titular por la muerte de 11 civiles en un supuesto operativo militar realizado el pasado 28 de marzo, y que fueron presentados como bajas de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los congresistas pidieron explicaciones sobre los crímenes.
María José Pizarro de la Coalición Decentes, explicó que la operación en Puerto Leguízamo no tuvo en cuenta los principios de distinción, de precaución y de proporcionalidad; se realizaron ataques indiscriminados contra civiles, desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
«Asesinaron a civiles: menores de edad, indígenas, mujeres embarazadas y líderes comunitarios, los hicieron pasar como combatientes, alteraron la posición de los cuerpos, los movieron de lugar y les colocaron armamento», añadió.
Recalcó en defensa de las víctimas, que los militares torturaron, avasallaron y causaron deliberadamente dolor y sufrimientos a la comunidad, manteniéndolos encerrados y en posiciones humillantes e inhumanas en la cancha de fútbol, en medio del sol y sin agua.
Además, puntualizó, violaron el Derecho Internacional Humanitario porque los miembros de la fuerza pública participaron de la operación debieron estar plenamente identificados, con los uniformes propios de las fuerzas militares.
«Dieron órdenes de disparar desde el helicóptero sin tener un objetivo claro, según testimonios de la misma comunidad. Seguir afirmando que la operación fue legítima hace insostenible su permanencia al frente del Ministerio de Defensa», enfatizó.
Al inicio del debate, que duró alrededor de 10 horas, varias víctimas de la cuestionada operación militar aseguraron que no es cierto que ellos sean guerrilleros como dijo el Gobierno colombiano.
«Me acusaron como guerrillera. Tengo tres meses de embarazo y además tengo un proyectil cerca de mi columna poniendo en riesgo, la vida mía y de mi hijo», dijo una joven embarazada, víctima de la acción militar.
El presidente de Colombia, Iván Duque, informó el 28 de marzo pasado que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Molano, quien defendió a las fuerzas militares, enfrentó hoy su segundo debate de moción de censura. El primero fue en 2021 cuando fue citado para responder por los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes en el contexto del Paro Nacional.
«Vengo a la Cámara a ratificar que el Gobierno del presidente Iván Duque libra con firmeza una lucha contra los símbolos del mal que pretenden arrebatarle la libertad, la tranquilidad y la vida a los colombianos», expresó hoy en su defensa escrita.
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