El secretario ejecutivo de Ibuka, la asociación que agrupa a los supervivientes de esa tragedia, Naphtal Ahishakiye, destacó la acción sueca como un llamado a otros países a dejar de apoyar esos criminales.
«Celebramos la decisión de las autoridades judiciales suecas de extraditar a este sospechoso de genocidio a Ruanda, donde cometió los crímenes», explicó Ahishakiye en declaraciones al portal The New Times.
La impunidad, especialmente para el crimen de genocidio, no debe ser aceptada, añadió tras considerar que la justicia retrasada es justicia negada.
Micomyiza, quien llegó este miércoles a Kigali, fue acusado en 2020 por la Autoridad Nacional de la Fiscalía de cometer genocidio al matar a miembros de la etnia tutsi, complicidad en el genocidio y crímenes contra la humanidad (violación).
También el portavoz de la Autoridad, Faustin Nkusi, elogió la decisión sueca, además de su cooperación continua y la asistencia legal mutua, así como la contribución al esfuerzo global para luchar contra la impunidad.
En diciembre del año pasado, un alto tribunal sueco no encontró ninguna razón para impedir la extradición de Micomyiza. Se encontraba preso desde 2020 tras residir por casi 15 años en la ciudad sueca de Gotemburgo.
Durante el genocidio el acusado era un estudiante de segundo año de la Universidad Nacional de Ruanda y formó parte de un comité que identificaba a civiles tutsis para ejecutarlos.
En poco menos de tres meses (abril a junio de 1994) murió casi un millón de miembros de la etnia mayoritaria del país (tutsis) y de hutus moderados.
Las pruebas dicen que Micomyiza cometió crímenes en la comuna de Ngoma (en la actual provincia del Sur) en el campus del centro de altos estudios y en sus alrededores.
El propio Ahishakiye dijo que el acusado montó un control de carretera a las puertas de la casa familiar en el que identificó y asesinó a varios tutsis.
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