Los jueces enviaron una carta al primer ministro Ariel Henry en la cual pidieron posponer la implementación de la ley por al menos dos años o desestimarla hasta que expertos puedan analizar sus consecuencias legales.
La ordenanza aprobada por decreto presidencial a mediados de 2020 fue objeto de numerosas críticas por presuntamente permitir amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros, entre otros señalamientos.
También los sectores religiosos deploraron la supuesta amoralidad del código, que despenaliza el aborto y prohíbe la discriminación por orientación sexual.
Se esperaba que el Parlamento pudiera discutir e incluso vetar el documento, sin embargo, las elecciones legislativas se pospusieron de manera indefinida, y actualmente solo un tercio de los senadores cuenta con mandatos activos, mientras todos los diputados concluyeron sus periodos de gestión en enero de 2020.
El primer ministro no se pronunció aún sobre la ordenanza, que responsabiliza a las personas jurídicas, introduce una variedad de sentencias alternativas al encarcelamiento, establece nuevas instituciones, funciones y atribuciones al comisionado del gobierno y fija la mayoría criminal a partir de los 13 años.
Mientras los magistrados reclaman el aplazamiento de la ley, otras voces señalan que Henry no cuenta con las prerrogativas para desestimar un decreto presidencial, pues no forma parte de las funciones de un jefe de Gobierno.
El gremio de los magistrados protagonizó protestas contra su entrada en vigor, prevista para este 2022.
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