Esas organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupadas en el Espacio de Litigio Estratégico, presentaron un informe sobre la presunta responsabilidad de altos mandos militares y de funcionarios públicos en la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia
El documento titulado «Ellos sabían ¿Dieron la orden?: De la violación del principio de distinción a la barbarie», abarca hechos de este tipo perpetrados entre el año 2006 y 2008.
Hace una semana la JEP inició las Audiencias de Reconocimiento, en las cuales los máximos responsables imputados por este tipo de hechos se presentaron ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas, las instituciones del Estado y la sociedad colombiana donde narraron cómo cometieron los actos criminales.
Durante la presentación del informe esta mañana en la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga, señaló que en el Caso 03, la JEP debería ir también tras aquellos comparecientes militares que, por el fuero para ser investigados, no habían sido llamados por la jurisdicción ordinaria.
En ese sentido, solicitaron formalmente al Tribunal de Paz que cite a rendir declaración al expresidente Álvaro Uribe, al exmandatario y exministro de Defensa Juan Manuel Santos, así como a ocho exfuncionarios y generales en retiro, por falsos positivos.
El documento también evidencia que existió un plan criminal previo al periodo objeto de estudio y demuestra que para esa época (2006-2008) se extendió a todas las divisiones del Ejército Nacional, muchas veces acompañado de un discurso de odio.
«Con este informe presentamos a la JEP elementos materiales probatorios que le permitirán advertir que en efecto las altas comandancias del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares, así como funcionarios de alto nivel como el presidente y vicepresidente de la República, tuvieron conocimiento temprano de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para evitarlo» expresó la abogada Castillo.
Se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz tenga en cuenta que el juzgamiento y sanción penal de los responsables de crímenes de ejecuciones extrajudiciales, constituye una obligación internacional del Estado, que vincula a sus órganos judiciales, señala el informe.
El incumplimiento de esta obligación se traduce en impunidad por parte de quienes omiten cumplirla, advirtieron las organizaciones de Espacio de Litigio Estratégico.
«Falsos Positivos» es el nombre dado al caso que involucra principalmente a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno.
La JEP en un informe de febrero de 2021 estableció que la cifra total de víctimas era de seis mil 402 entre 2002 y 2008.
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