Rechazada y fuertemente criticada por la prensa costarricense al considerar que esa legislación le impone una mordaza a los medios de comunicación, que estarían impedidos de investigar y publicar información referida a hechos de corrupción.
En acto efectuado en Casa Presidencial, los ministros de la Presidencia, Giannina Dinarte, y de Comunicación, Agustín Castro, también firmaron el veto parcial a los incisos b), e), f), g), h) e i) del artículo 8, del mencionado Decreto Legislativo, por oportunidad y conveniencia.
Por razones de constitucionalidad vetó los incisos d) y k), los cuales representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El mandatario tico afirmó que la limitación establecida en el Decreto Legislativo genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia.
Dinarte aseguró que estamos plenamente comprometidos con garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, pero también comprendemos que este acceso a la información debe enmarcarse no solo en los principios de constitucionalidad que nos rigen, sino también de los compromisos que hemos asumido con las convenciones internacionales.
La titular de la Presidencia invitó a los diputados de la Asamblea Legislativa (parlamento) para que en el menor tiempo posible puedan conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país.
De su lado, Castro reconoció las preocupaciones de distintos sectores como medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y expertos en derecho por los errores contenidos en el texto aprobado por el anterior parlamento y la eventual afectación que podrían causar a las libertades de expresión e información.
Por ello, exaltó, «el Gobierno de manera expedita dio prioridad al estudio del decreto legislativo y a la emisión del veto parcial, con el propósito de que se puedan enmendar esos errores y contar lo más pronto posible con una legislación en la materia que a la vez sea compatible con el ejercicio más amplio posible de esas libertades».
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