Jefe de Gobierno durante la administración de Michel Martelly, señaló que esta dicotomía complica la situación del país, y es momento para que los diversos actores políticos se reúnan en una mesa de diálogo.
‘Dejen de hipotecar el futuro’, no somos dueños del tiempo, recalcó Paul en un programa televisivo y lamentó los jóvenes cuya educación está comprometida y a la población que constituye la principal víctima, aseguró.
A finales de marzo, la organización ecuménica Religiones por la Paz se ofreció como mediadora de un diálogo y subrayó la necesidad urgente de un entendimiento en medio de la precarización de las condiciones socioeconómicas del pueblo, los repetidos casos de secuestro, inseguridad generalizada y polarización de la situación política del país.
Al respecto, el presidente Jovenel Moïse abogó por la unidad, aún en medio de las diferencias, y aseguro que ‘no iremos a ninguna parte sin un diálogo, sin un consenso’.
No obstante, varias plataformas opositoras se distanciaron de este enfoque y reiteraron que Moïse ocupa ilegalmente el cargo desde el 7 de febrero y las negociaciones solo están destinadas a debilitar la movilización popular.
Cualquier intento de negociar con el gobernante Partido Haitiano Tet Kalé (Cabezas Rapadas) significaría ‘escupir sobre los cadáveres y las víctimas de Jovenel Moise’, afirmó el Sector Democrático y Popular, líder de las protestas antigubernamentales y el periodo peyi lok (país bloqueado) de finales de 2019.
Esta estructura también criticó a Religiones por la Paz de la cual señaló su silencio en las recientes masacres de barrios populares y los decretos emitidos por el gobernante sobre la jubilación de jueces supremos, creación de una agencia de inteligencia, además de los proyectos de cambio constitucional y elecciones.
Mientras las principales fuerzas políticas continúan sin alcanzar un acuerdo, se agudiza la crisis humanitaria en Haití con cerca de 4,4 millones de personas que precisan asistencia, confirmó esta semana Naciones Unidas.
El panorama se deteriora con el aumento de la inseguridad, incremento de las pandillas y la multiplicación de los secuestros y asesinatos en un momento en que el Ejecutivo alista elecciones generales, y un referendo constitucional para sustituir la carta magna vigente a la cual acusa de fomentar la inestabilidad política.
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