El profesor universitario Ted Syndic, recordó que no existe ninguna disposición legal o constitucional que sustente las acciones del Ministerio de Justicia, y calificó de irresponsable nombrar durante una administración provisional a jueces del Tribunal de Casación, que luego permanecerán en el cargo durante 10 años.
De conformidad con el artículo 175 de la Constitución y el 28 de la Ley sobre el Estatuto del Poder Judicial, solo el jefe de Estado puede designar a los jueces del Tribunal de Casación a partir de una lista de magistrados presentada por el Senado.
Sin embargo, el asesinato en julio del mandatario Jovenel Moïse y la desarticulación del Parlamento en enero de 2020, hace más compleja llenar las vacantes de la Corte que además perdió a su presidente en junio como consecuencia de la Covid-19.
Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Magistrados, Martel Jean Claude, alertó que el proceso impulsado por el Gobierno está “viciado de irregularidades”, pues la cartera judicial no cuenta con las prerrogativas para nombrar a los jueces supremos.
Claude menciona que varios de los candidatos exceden la edad límite, además que algunos abogados integrarían de manera directa la Corte Suprema, lo cual irrespeta la ley del 27 de noviembre de 2007.
El Tribunal de Casación se encuentra disfuncional desde hace más de un año, luego que el asesinado presidente Moïse despidiera a tres de sus jueces sin poder luego reemplazarlos.
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